En la rueda de prensa se explicó que el problema radica en que distintos colectivos se encuentran incluidos en el subgrupo A2, dentro de la clasificación profesional de la administración pública, en lugar de formar parte de un único Grupo A, sin subgrupos, lo que supone un claro “techo de cristal” a su desarrollo profesional, al no poder optar, por ejemplo, a puestos de gestión y responsabilidad dentro del ámbito público.

Esta situación, no tiene ningún sentido desde que se comenzó a implantar en España el Espacio Europeo de Educación Superior, promovido por los Acuerdos de Bolonia, y se extinguiesen los planes de estudios de licenciatura y diplomatura. Así, en la actualidad, son titulados universitarios todos aquellos que obtienen un título de Grado, por lo que todos estos profesionales deben pertenecer al Grupo A sin ningún tipo de distinción.

José Antonio Galdón Ruiz, presidente del Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE), ejerció como portavoz de las Ingenierías en la rueda de prensa… “Pedimos que se modernice la Función Pública y se ponga al servicio de la sociedad, para dar un mejor servicio al ciudadano, y sea competitiva. Aplicando mérito, capacidad e igualdad, lo que estamos pidiendo es ese reconocimiento, que se tenga en consideración que ya existe una única titulación de Grado, que es la que da acceso a cualquier actividad de carácter profesional, y que se considere, por supuesto, todo el Desarrollo Profesional Continuo (DPC), tanto la formación como la experiencia, y que, de alguna forma exista también esa motivación especial, que ya se recoge en el ámbito privado y no en el sector público” …

Asimismo, integrantes de la plataforma denunciaron que llevan tiempo trasladando esta lamentable realidad al conjunto de administraciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico, así como a los distintos partidos políticos, y, hasta la fecha, no han dado ninguna respuesta satisfactoria. Por todo ello, se reclama que se modifique el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), para suprimir las subclasificación del Grupo A, ya que su aplicación está perpetuando un criterio de clasificación que ha generado un agravio entre profesiones con el mismo nivel académico (Título de Grado) y cuyo grado de responsabilidad de las funciones a desempeñar en nada pueden justificar esta diferenciación. También demandan que se paralice la tramitación del Proyecto de Ley de Función Pública del Estado hasta que no se modifique el EBEP y se recojan sus consideraciones.